La Audiencia absuelve a Del Mazo de prevaricación y a Barbancho y Raimundo de fraude

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha notificado a las partes la sentencia que resuelve los recursos interpuestos por la ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, el empresario José Antonio Romero y los ex concejales Francisco Barbancho, Enrique Tornero, Blas Raimundo, Pablo Sánchez del Mazo y Mónica García. El tribunal rebaja penas a todos, al estimar parcialmente los recursos presentados, y absuelve a Pablo Sánchez del Mazo del delito de prevaricación al que fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Plasencia. Barbancho y Raimundo son también absueltos del delito de fraude pero siguen condenados por prevaricación. A continuación reproducimos  el fallo de la resolución contra la que, indica el propio tribunal, no cabe recurso.

“Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español:

FALLAMOS:

Se estiman en parte los recursos de apelación formulados por las representaciones procesales de Elia María Blanco Barbero, Enrique Fernando Tornero Hernández, José Antonio Romero Vega, Mónica García Díaz, Francisco Javier Barbancho Cisneros, Blas Raimundo González, e íntegramente el interpuesto por la representación procesal de Pablo Antonio Sánchez del Mazo, contra la Sentencia de fecha 10 de julio de 2.014 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia en los autos de juicio oral 424/2012, de que dimana el presente Rollo, y se revoca dicha resolución en los siguientes extremos:

1.- CONDENAMOS a ENRIQUE FERNANDO TORNERO HERNÁNDEZ, como autor de UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a las penas de DOS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de OCHO AÑOS Y UN DÍA, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular, durante el tiempo de esta condena; y como autor de UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la misma circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los términos antes expuestos, por tiempo de OCHO AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, y a dos decimonovenas partes de las costas de la primera instancia.

2.- CONDENAMOS a ELIA MARÍA BLANCO BARBERO, como autora de UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a las penas de DOS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de OCHO AÑOS Y UN DÍA, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular, durante el tiempo de esta condena; y como autora de UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la misma circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los términos antes expuestos, por tiempo de OCHO AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, y a dos decimonovenas partes de las costas de la primera instancia.

3.- CONDENAMOS a JOSÉ ANTONIO ROMERO VEGA, como cooperador necesario de UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a las penas de DOS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de OCHO AÑOS Y UN DÍA, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular, durante el tiempo de esta condena, y como cooperador necesario de UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la misma circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los términos antes expuestos, por tiempo de CINCO AÑOS, TRES MESES Y UN DÍA, y a dos decimonovenas partes de las costas de la primera instancia.

4.- CONDENAMOS a MÓNICA GARCÍA DÍAZ, como autora de UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de OCHO AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular, durante el tiempo de esta condena, y a una decimonovena partes de las costas de la primera instancia.

5.- CONDENAMOS a FRANCISCO JAVIER BARBANCHO CISNEROS, como autor de UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de OCHO AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular, durante el tiempo de esta condena, y a una decimonovena partes de las costas de la primera instancia, ABSOLVIÉNDOLE del delito continuado de FRAUDE del que venía condenado en primera instancia.

6.- CONDENAMOS a BLAS RAIMUNDO GONZÁLEZ, como autor de UN DELITO DE PREVARICACIÓN, concurriendo la circunstancia atenuante de DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público por tiempo de SIETE AÑOS, pena que conllevará la privación definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular durante el tiempo de esta condena, y a una decimonovena partes de las costas de la primera instancia, ABSOLVIÉNDOLE del delito de FRAUDE del que venía condenado en primera instancia.

7.- ABSOLVEMOS a PABLO ANTONIO SÁNCHEZ DEL MAZO del delito continuado de PREVARICACIÓN del que venía condenado en primera instancia.

8.– En concepto de responsabilidad civil:

a) Francisco Javier Barbancho Cisneros, Blas Raimundo González, Elia María Blanco Barbero y José Antonio Romero Vega indemnizarán al Ayuntamiento de Plasencia con la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (5.574,33 €) por las obras de construcción del Aparcamiento de las Huertas de la Isla, cantidad de la que responderán solidariamente entre sí y por partes iguales en último término.

b) Enrique Tornero Hernández, Francisco Javier Barbancho Cisneros, Elia María Blanco Barbero y José Antonio Romero Vega indemnizarán al Ayuntamiento de Plasencia con la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.258,67 €) por la obra de construcción de la Pista de Autocross y Motocross, cantidad de la que responderán solidariamente entre sí y por partes iguales en último término.

c) Enrique Tornero Hernández, Elia María Blanco Barbero y José Antonio Romero Vega indemnizarán al Ayuntamiento de Plasencia con la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.258,67 €) por la obra de reparación de la estructura de la piscina cubierta, cantidad  de la que responderán solidariamente entre sí y por partes iguales en último término.

Se declaran de oficio las diez decimonovenas partes restantes de las costas del juicio. No se hace expresa imposición de las costas de este recurso….

…Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución; o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno. Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución.

Asimismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

 Lee la sentencia completa de la Audiencia Provincial. Caso Plasencia

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