El juez decide sin Pizarro cómo se pagan las huertas

El Ayuntamiento deberá saldar una deuda  de 40 millones en 10 años

El magistrado se reunió con la propiedad pero no recibió esta mañana al alcalde, que se presentó pensando en que aún era negociable el pago

 

alcalde

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, no pudo entrar esta mañana a la reunión que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura encargado de la ejecución de las sentencias de  las huertas de la Isla tenía con los representantes legales de la propiedad, antes de dictar el auto de ejecución sobre los pagos y plazos del Ayuntamiento.

Pizarro consideraba muy importante esta cita en la que pensaba seguir negociando y reiterar a los propietarios que aceptaran el plan de pagos  del Ayuntamiento que estos ya han rechazado reiteradamente  por considerarlo  insuficiente. Sin embargo se trataba de una reunión de carácter técnico entre   magistrado y representación de la propiedad antes de que este fije los  plazo y cantidades que deberá abonar el Consistorio. El alcalde y la delegación municipal se presentaron en la sede del TSJ pero  el  juez  indicó que  en esa ocasión no les correspondía estar por lo que no les recibió, quedándose Pizarro  bastante desconcertado. Al parecer,  pudo ser citado erróneamente.

Esto implica que el auto de ejecución y pago de las huertas habría empezado a ser calculado por el juez en base a 40 millones a cubrir en un plazo de 10 años (los 26 del principal, más los 13 correspondientes a los intereses), ya que la propiedad  advirtió de que si no mejoraba el Ayuntamiento sus condiciones de pago del 11 de abril,  no habría  quita de los intereses. Sobre esa petición el juez deberá decidir las cantidades que el Ayuntamiento tiene que pagar en 2014 y en 2015, (para volver a reunirse en 2016) que se  supone que serán superiores al 1,5 millones de euros anuales ofertaba Pizarro. Todo apunta a que para la primera anualidad (2014) se fije una cifra en torno a los  1,5 millones ofertados por Pizarro, con el fin de no desbaratar el presupuesto municipal. A partir de 2015 las cantidades se incrementarían hasta cubrir los 40 millones en 10 años.

El plan municipal  se complementaba con  un millón más durante otros 10 años y aprovechamientos urbanísticos en suelo por recalificar en el futuro PGM. Los dueños solicitaban, al menos, el pago de tres millones durante  los dos primeros años y rechazaban el abono de un millón durante 10 más (vistos los intereses que genera la deuda) y los aprovechamientos, por no  existir aúntales al no estar aprobado el PGM.

 

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